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Fraude cripto: Haverhill veta cajeros y ordena su retiro en 60 días.

Fraude cripto: Haverhill veta cajeros y ordena su retiro en 60 días.

Haverhill se Une a la Cruzada Nacional Contra los Cajeros Automáticos de Criptomonedas

La prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas está ganando terreno rápidamente en Estados Unidos, con más y más jurisdicciones tomando medidas drásticas para frenar el fraude y la actividad ilícita. Haverhill, Massachusetts, es la última ciudad en sumarse a esta ola regulatoria, avanzando hacia una prohibición total de estas máquinas que se han convertido en un imán para estafadores.

Los funcionarios de Haverhill están considerando seriamente una ordenanza que exigiría a los operadores de estos quioscos retirar sus máquinas en un plazo de 60 días. El incumplimiento implicaría multas diarias de $300, una medida contundente respaldada por la alcaldesa Melinda E. Barrett. Esta propuesta ya ha superado su primer gran obstáculo, obteniendo una votación unánime de 11 a 0 en el consejo municipal el pasado 17 de marzo, y ahora se encuentra en las etapas finales de consideración tras el período de espera obligatorio.

La preocupación principal en Haverhill, y en otras localidades, radica en la naturaleza intrínseca de estos cajeros: permiten el intercambio instantáneo e irreversible de efectivo por moneda virtual, dejando a los usuarios expuestos a fraudes, lavado de dinero y con pocas vías para recuperar sus pérdidas. La procuradora municipal, Lisa L. Mead, ha sido clara al señalar que el objetivo es proteger a los residentes de los peligros asociados a un tipo de dinero en gran parte no regulado, una postura que resuena con la creciente alarma a nivel estatal y federal.

Las cifras respaldan esta inquietud. A nivel nacional, las pérdidas reportadas vinculadas a los cajeros automáticos de Bitcoin se dispararon, multiplicándose casi por diez entre 2020 y 2023, y alcanzando la asombrosa cifra de más de 65 millones de dólares solo en la primera mitad de 2024. En el condado de Essex, al que pertenece Haverhill, el fiscal de distrito Paul Tucker reveló recientemente que su oficina ha devuelto 20.000 dólares a tres víctimas y ha confiscado más de 160.000 dólares en activos de blockchain desde 2024, casi la totalidad de estos casos vinculados directamente a estafas facilitadas por los quioscos de cripto-ATM. Como bien apunta Tucker, la mejor defensa es un público bien informado, pero en un entorno donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, a veces una prohibición directa es la única opción viable.

Este movimiento de Haverhill no es un incidente aislado. Indiana ya ha hecho historia como el primer estado de EE. UU. en prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas. Los legisladores de Minnesota están sopesando una medida similar, y ciudades como Layton City, Utah, implementaron su propia prohibición local en marzo. Lo que esto implica para el mercado es un endurecimiento del entorno operativo para estas máquinas, llevando a los operadores a un escrutinio sin precedentes. La pregunta ahora es: ¿veremos esta tendencia extenderse a más ciudades y estados, forzando una regulación federal que estandarice la seguridad en el espacio cripto o erradicando por completo esta modalidad de acceso a las criptomonedas?

Haverhill Pone Freno a los Cajeros Automáticos de Criptomonedas: ¿Un Parche Local o el Inicio de una Tendencia?

Haverhill, una de las ciudades de Massachusetts, se posiciona en la vanguardia de una batalla regulatoria que se extiende por todo el estado: la de los cajeros automáticos de criptomonedas. El ayuntamiento de la localidad tiene en agenda una votación decisiva que, de aprobarse, prohibirá la instalación y operación de estas máquinas dentro de sus límites. Los operadores de Bitcoin ATMs en Haverhill tendrían un plazo de 60 días para desmantelar sus dispositivos o enfrentar una multa diaria, un claro indicativo de la seriedad con la que las autoridades locales abordan el asunto.

Sin embargo, el impacto real de esta prohibición podría ser más simbólico que total. Se estima que solo un puñado de estas máquinas opera actualmente dentro de los límites municipales de Haverhill. La realidad es que en la región metropolitana circundante, la cifra de cajeros automáticos de criptomonedas asciende a al menos ocho. Esto pone de manifiesto una limitación inherente a las acciones locales: una porción significativa de la infraestructura de ATMs de Bitcoin en la zona permanecería fuera del control directo de la ciudad, permitiendo que la disponibilidad de estos servicios persista a pocos kilómetros de distancia. La pregunta es si una prohibición localizada puede ser verdaderamente efectiva contra un fenómeno más amplio.

Esta iniciativa de Haverhill no surge en un vacío, sino que se enmarca en un contexto de creciente escrutinio a nivel estatal. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ya demostró una postura firme en febrero al presentar una demanda contundente contra Bitcoin Depot. La acusación fue clara: la empresa habría facilitado activamente estafas dirigidas a los residentes de la Commonwealth mediante el uso de sus cajeros automáticos. Campbell fue enfática al subrayar que "los consumidores de Massachusetts merecen sentirse seguros cuando manejan el dinero que tanto les costó ganar, sin importar la tecnología involucrada". Este es un indicativo del creciente enfoque regulatorio a nivel estatal, que considera a estos quioscos como vectores potenciales de fraude.

Este mosaico de acciones, que abarca desde prohibiciones municipales específicas hasta litigios estatales de mayor envergadura, refleja la complejidad de regular un sector tecnológico en constante evolución. Las autoridades buscan proteger a los ciudadanos, pero la descentralización de la tecnología cripto y la dispersión geográfica de estos dispositivos complican la aplicación de medidas uniformes. Lo que esto implica para el mercado es un entorno de incertidumbre regulatoria que podría disuadir nuevas inversiones en la infraestructura física de criptomonedas. La cuestión final es si estas iniciativas fragmentadas lograrán su cometido de frenar la proliferación de estafas, o si se requerirá una estrategia coordinada a nivel federal para una protección efectiva de los consumidores.

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