Erin Brockovich, la activista ambiental reconocida por su batalla legal contra Pacific Gas & Electric, ha abierto un nuevo frente de batalla. Esta vez, el objetivo no son los vertidos tóxicos, sino la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial y la nube: los centros de datos. A través de una nueva plataforma digital, Brockovich busca documentar el impacto de estas instalaciones en las comunidades locales de Estados Unidos, denunciando un patrón de opacidad que empieza a preocupar a residentes y autoridades municipales por igual.
La iniciativa no surge del vacío. En abril, la activista lanzó un llamado público para recolectar testimonios sobre las consecuencias de estas plantas en el entorno urbano y rural. La respuesta fue masiva: recibió casi 4.000 reportes en apenas 30 días. Si bien los problemas técnicos —ruido constante, consumo intensivo de agua y el alza en las tarifas eléctricas— aparecen con frecuencia, hay un factor que eclipsa al resto: la falta de transparencia corporativa.
La "caja negra" del desarrollo digital
Lo que Brockovich señala no es una cruzada contra el progreso tecnológico ni contra el desarrollo de modelos de lenguaje complejos. Su crítica apunta directamente al proceso de planificación de los grandes desarrolladores. Muchos de estos proyectos se anuncian únicamente cuando los permisos de construcción ya han sido otorgados, dejando a los vecinos sin margen de maniobra legal o diálogo real.
Aquí es donde el escenario se vuelve complejo para los inversionistas y directivos del sector tecnológico. La estrategia habitual de buscar zonas con energía barata y regulaciones laxas está encontrando una resistencia vecinal organizada. La práctica de firmar acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) entre funcionarios locales y empresas tecnológicas antes de que el proyecto sea de dominio público empieza a ser vista no como una gestión eficiente, sino como una falta de ética cívica. Cuando la comunidad siente que el proceso se ha cerrado a sus espaldas, la reacción suele traducirse en bloqueos administrativos que pueden retrasar las operaciones durante meses o años.
Mi lectura es distinta a la de los entusiastas de la infraestructura a cualquier costo: el mayor riesgo operativo para un centro de datos hoy no es la tecnología de refrigeración ni la latencia de la red, sino la licencia social para operar. Un proyecto que se percibe como una amenaza ambiental o un vecino molesto es un proyecto que, tarde o temprano, enfrentará litigios costosos y escrutinio regulatorio inesperado.
Lo que el mercado debe vigilar
El mapa que Brockovich está construyendo pretende ser una base de datos colaborativa donde los ciudadanos registren problemas. Esto es un aviso para los desarrolladores inmobiliarios industriales y las empresas de tecnología: la era de construir en el anonimato ha terminado. La escala masiva de los centros de datos actuales —que requieren cantidades industriales de electricidad y agua— ya no permite una integración silenciosa en los municipios.
Para quienes siguen de cerca los activos inmobiliarios digitales, la lección es clara. La debida diligencia ya no puede limitarse a la viabilidad técnica y la cercanía a las subestaciones eléctricas. La viabilidad política ahora requiere una transparencia radical. Aquellas compañías que sigan priorizando la opacidad en sus etapas tempranas de desarrollo se arriesgan a enfrentar no solo a activistas, sino a una red creciente de comunidades informadas y conectadas. En este sector, la reputación está empezando a ser tan cara como la infraestructura misma.
