Existe una fantasía extendida en los pasillos gubernamentales de América Latina: la creencia de que la soberanía digital se conquista creando modelos de lenguaje locales o laboratorios de Inteligencia Artificial estatales. Es una trampa retórica. Mientras los funcionarios discuten sobre algoritmos, el capital inteligente del mundo está invirtiendo en la infraestructura más cruda y aburrida que existe: el centro de datos o data center (instalaciones físicas que alojan servidores y equipos de cómputo).
La soberanía real no se decreta con leyes; se construye con hormigón, fibra óptica y, sobre todo, electricidad. La capacidad de procesamiento es el nuevo petróleo. Al igual que el crudo, su extracción y almacenamiento requieren de una logística pesada que los discursos políticos no pueden reemplazar. Quien controle los megavatios, controlará los datos. El resto es puro ruido publicitario.
Consideren la escala del desafío. Un campus de servidores de alto rendimiento puede consumir hasta 100 megavatios, el equivalente a la demanda de 80.000 hogares promedio. Chile ha entendido este juego mejor que nadie: la inversión en infraestructura física de datos crece a un ritmo anual del 15% desde 2021, una cifra que eclipsa con creces al desarrollo de software puro en el país. Google y Microsoft no aterrizan en la región por la calidad de sus programadores, sino por la estabilidad de la red eléctrica y la disponibilidad de terrenos con una latencia ultrabaja —el tiempo de respuesta que tarda un dato en viajar de un punto a otro—.
La trampa del software frente a la solidez del hierro
Es un error estratégico pretender que los países hispanohablantes compitan por crear su propio competidor de ChatGPT. Entrenar un modelo de lenguaje de frontera, como el GPT-4, cuesta más de USD 100 millones en potencia de cómputo y energía. Es una batalla donde Silicon Valley lleva una década de ventaja y una chequera que ningún Estado de la región puede igualar. En lugar de desperdiciar presupuestos públicos en una carrera perdida, los gobiernos deberían obsesionarse con lo que esos gigantes necesitan desesperadamente: zonificación industrial y descarbonización de la matriz energética.
La soberanía digital es, en el fondo, soberanía energética. Si una nación no garantiza un suministro eléctrico constante y renovable, cualquier centro de datos instalado en su suelo es un activo vulnerable. Estamos viendo un cambio de paradigma: las grandes tecnológicas ya no solo compran servicios de nube; negocian acuerdos directos con plantas solares y eólicas. Por esto, Uruguay posee una ventaja competitiva más real que cualquier polo de innovación subsidiado por el gobierno: su matriz eléctrica es casi 100% renovable. Esto no es menor.
El mercado ya votó. BlackRock y KKR, dos gigantes globales de la gestión de activos, inyectaron más de USD 30.000 millones en infraestructura de centros de datos en el último año. Ese monto supera ampliamente el capital destinado a venture capital o capital de riesgo (inversiones en empresas emergentes de alto potencial pero alto riesgo). La lógica es simple: un algoritmo queda obsoleto en seis meses, pero un centro de datos bien ubicado y energizado es una infraestructura estratégica para las próximas tres décadas.
La burocracia como el mayor enemigo
Si un país quiere atraer estas plantas de silicio, debe entender que su mayor enemigo es la burocracia. En ciudades como Querétaro o Santiago, obtener los permisos para construir una subestación eléctrica puede tardar más de 24 meses. En un sector donde la obsolescencia llega a la velocidad de la luz, dos años de espera son una eternidad. Mientras los políticos debaten sobre ética de la IA, los directivos de infraestructura buscan lugares donde el terreno sea plano, la fibra esté lista y el gobierno no cambie las reglas del juego a mitad del contrato.
Mi lectura es distinta a la de los entusiastas de la industria: la verdadera ventaja competitiva para América Latina no es el talento, sino el suelo. El talento es global, se contrata remotamente y no tiene banderas. La infraestructura es local, está clavada al terreno y su impacto en la economía real —empleo en construcción, mantenimiento de redes, seguridad física— es indiscutible. Si el Estado quiere ser soberano, que deje de intentar programar y empiece a facilitar la construcción de edificios que consuman gigavatios de forma eficiente.
No se equivoquen con el futuro: el próximo gran activo de soberanía no será un unicornio de software. Será una empresa de infraestructura digital que logre interconectar los nodos de procesamiento de datos, asegurando que la información de los ciudadanos no dependa de un servidor ubicado a 8.000 kilómetros de distancia. En menos de cinco años, los países que hoy priorizan los parques industriales energéticos serán los centros de comando de la economía digital regional. El resto será simplemente usuario de la infraestructura ajena, pagando una renta perpetua a los dueños de los cables y los servidores.
