El ecosistema de los cajeros automáticos de criptomonedas está bajo un asedio regulatorio sin precedentes en Estados Unidos. Lo que comenzó como una herramienta de conveniencia para la compra de activos digitales se ha convertido en el principal punto de fricción para las autoridades, que ahora buscan erradicar el fraude masivo vinculado a estas terminales.
Los números explican la urgencia. Durante 2025, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI registró más de 13.400 denuncias vinculadas a estos quioscos, con pérdidas financieras superiores a los USD 388 millones. Para un inversor o un ejecutivo, este escenario es una señal clara de que la falta de supervisión operativa está llegando a un límite político intolerable.
Dos visiones: prohibición frente a supervisión
La estrategia legislativa se ha bifurcado en dos caminos. Por un lado, estados como Delaware proponen la opción más drástica: una prohibición total. El proyecto HB 441 busca eliminar no solo la instalación de nuevas máquinas, sino obligar a retirar las existentes en un plazo de 90 días. Los legisladores locales califican a este modelo de negocio como una "captura depredadora de efectivo" que explota a usuarios vulnerables, amparados por un marco legal que permite el anonimato y la irrevocabilidad de las transacciones.
En contraste, estados como Carolina del Norte apuestan por la regulación estricta a través del proyecto HB 920. Este enfoque busca profesionalizar el sector al exigir licencias como transmisores de dinero, imponer topes a las comisiones —actualmente limitadas a un 14%— y obligar a las empresas a implementar advertencias de fraude y soporte técnico en vivo. Es un intento de pasar del "lejano oeste" financiero a un entorno bajo el control del comisionado de bancos estatal.
Lo que me parece más relevante aquí es que el mercado está siendo forzado a elegir: o se somete a estándares de cumplimiento similares a los de un banco tradicional —con costos de operación significativamente más altos— o se enfrenta a la expulsión total del mercado por parte de los estados que priorizan la protección al consumidor por encima de la innovación financiera.
La respuesta desde Washington
El frente federal también ha tomado cartas en el asunto con la presentación de la ley "Stop Crypto ATM Scams Act". Este proyecto, impulsado de manera bipartidista por los congresistas Sean Casten y María Elvira Salazar, busca establecer un estándar mínimo a nivel nacional. Entre las exigencias destacan la verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés, el proceso que confirma que el usuario es quien dice ser), el almacenamiento de registros y límites estrictos a los depósitos diarios.
Es fundamental notar que esta ley federal no pretende suplantar las leyes estatales, sino actuar como un piso regulatorio. Si se aprueba, los operadores deberán cumplir con estos requisitos mínimos, pero los estados conservarán la potestad de imponer restricciones aún más duras o, como es el caso de Delaware, prohibir estas máquinas por completo.
Para el sector, esto marca el fin de la era de los cajeros sin fricción. Las empresas que operan estas redes ahora deben incorporar costos significativos de cumplimiento y seguridad. La rentabilidad, que hasta ahora se alimentaba de comisiones elevadas y operaciones de bajo perfil, se verá comprimida por la necesidad de reportar transacciones sospechosas y gestionar riesgos legales.
Mi lectura es clara: la tolerancia regulatoria para las infraestructuras de criptomonedas no reguladas ha terminado. Si eres inversionista o trabajas en empresas relacionadas con activos digitales, el mensaje de los reguladores es que la tecnología ya no puede servir de escudo contra la responsabilidad penal. El futuro de este mercado no depende de su capacidad de crecimiento, sino de su capacidad para demostrar que puede operar sin ser un canal para el fraude masivo.
