Irlanda destinó el 21% de su electricidad a centros de datos en 2023. Esa cifra dice más sobre la inteligencia artificial que cualquier anuncio de inversión. Mientras la conversación pública se centra en cuántos miles de millones gastará cada empresa, la factura real llega a otro lugar: a la red eléctrica, al agua de una región y al recibo de quien vive cerca.
Gran parte de la cobertura trata los centros de datos como una historia de capital y ventaja competitiva. Hay chips, carreras por modelos y cifras de inversión que se leen como marcadores deportivos. Todo eso es real. Pero no responde la pregunta que está moviendo votaciones en varios países: quién paga la energía, el agua y la capacidad de la red.
La factura que nadie firmó
La Agencia Internacional de Energía (AIE, o IEA por sus siglas en inglés) calcula que los centros de datos consumieron unos 415 teravatios-hora (TWh) en 2024. Eso equivale a cerca del 1,5% de la electricidad mundial. La proyección para 2030 llega a unos 945 TWh, un consumo comparable al de un país europeo de tamaño mediano.
Esa demanda no aparece sola. Obliga a construir subestaciones, líneas de alta tensión y nueva generación. Esa obra cuesta dinero, y alguien tiene que pagarla.
En Estados Unidos, el operador PJM, que abastece a unos 65 millones de personas en el este del país, mostró el problema con claridad. Su subasta de capacidad fijó para el año de entrega 2025/26 un precio de USD 269,92 por megavatio-día, frente a USD 28,92 un año antes. El monitor independiente del mercado atribuyó una parte muy grande de ese salto a la demanda proyectada de centros de datos.
Conviene detenerse en el concepto. Un megavatio-día es la energía que consume un megavatio durante 24 horas. La capacidad, en cambio, es la garantía de que el sistema tendrá esa energía disponible en los momentos de mayor consumo. Es una reserva, no un gasto corriente.
Dicho de forma simple, la empresa que construye el centro compra con anticipación esa reserva. El precio se reparte entre todos los consumidores. El hogar que apenas usa aire acondicionado termina financiando, en parte, la infraestructura de un tercero que vende servicios de IA.
Esto no es menor. Es una transferencia de costos silenciosa, y la gente ya la está notando.
Agua, terrenos y la pregunta que nadie hace
El agua es el segundo frente, y el más incómodo, porque ocurre donde el agua ya escasea. Microsoft reportó un aumento de 34% en su consumo de agua en 2022 frente a 2021. Los centros de datos enfriados por evaporación consumen agua potable a gran escala. Una sola instalación puede gastar cientos de miles de litros al día.
Aquí América Latina entra de lleno. Querétaro, en México, se ha convertido en uno de los principales polos de centros de datos de la región. Amazon Web Services anunció en 2024 una inversión de USD 5.000 millones en México, con un componente importante en esa zona. Querétaro ha vivido episodios de estrés hídrico en los últimos años. Eso convierte cada nuevo permiso de agua en una decisión política, aunque la mayoría de los contratos se firme en silencio.
La pregunta que casi nadie formula en la mesa de negociación es simple. ¿Cuánta agua se asigna a un centro de datos frente a un barrio, un cultivo o una planta de tratamiento? Si la respuesta no aparece en el contrato, el ciudadano la descubre después, con la cuenta de servicios o con el pozo seco.
Por qué la gente vota en contra
Los vecinos que se oponen a estos proyectos no le temen a internet. Usan los mismos servicios que las empresas. Lo que cuestionan es la asimetría. El proyecto promete empleos temporales y pocos permanentes, exenciones fiscales largas y costos de red que terminan repartidos entre todos.
En Tucson, Arizona, el concejo municipal rechazó en 2025 un proyecto de centro de datos de gran escala, tras una fuerte presión pública por el uso de agua y electricidad. En el norte de Virginia, varios condados cambiaron sus normas de zonificación por la presión de vecinos que no quieren instalaciones de cientos de megavatios cerca de sus casas. Los políticos locales detectaron algo que los consejos de administración tardaron en ver: el costo ya no es abstracto.
Lo que se reclama es un nuevo contrato social. Antes, una planta industrial llegaba con un permiso, generaba empleo y pagaba impuestos locales. Hoy un centro de datos pide tres recursos escasos a la vez: electricidad firme, agua y capacidad de red. Si el contrato no los incluye con un precio claro, la comunidad responde con un no.
Esto no es rechazo a la tecnología. Es una negociación que llega tarde.
El dilema latinoamericano
Los países hispanohablantes compiten por estas inversiones, y la lógica de esa competencia se entiende. Un centro de datos trae capital, empleo técnico y prestigio. El problema aparece cuando el país negocia sin conocer el costo total. Argentina anunció en 2025, junto a la compañía energética Sur Energy, un proyecto ligado a Stargate, la iniciativa de infraestructura de IA de OpenAI. La cifra de inversión que se citó ronda los USD 25.000 millones. Eso le da al país una ventana para fijar reglas antes de que el primer contrato sea irreversible.
España vive una versión europea del mismo problema. Las solicitudes de conexión a la red de Red Eléctrica se han multiplicado por la demanda de centros de datos en Aragón y Madrid. La regulación todavía no separa con claridad qué parte del costo de red debe cubrir cada usuario.
Aquí discrepo con la mirada habitual. El error más común de los gobiernos será tratar cada proyecto como un caso aislado. Cada permiso se negocia por separado, con exenciones distintas y sin una tarifa que refleje el costo real de la red. Eso produce exactamente lo que ya vemos en Irlanda y en el norte de Virginia: una red saturada y vecinos con razones de sobra para votar en contra.
Hay una salida, y no consiste en prohibir. Consiste en exigir que el centro de datos pague por la capacidad que reserva. Debe declarar cuánta agua usará y de dónde la obtendrá. Sus compromisos de energía renovable deben ser verificables y no solo certificados contables. Un contrato así encarece la inversión marginal. También la hace legítima.
Quien llegue primero con reglas claras atraerá a las empresas que de verdad quieren quedarse. Quien siga ofreciendo exenciones a cambio de promesas cargará con el rechazo social cuando llegue la factura.
Mi predicción es específica. Antes de diciembre de 2027, al menos un país hispanohablante aprobará una tarifa o cargo obligatorio para los grandes consumidores de centros de datos. Ese cargo cubrirá, por contrato de largo plazo, el costo de la red que reservan. Si eso no ocurre, el rechazo vecinal se extenderá a más municipios, y los proyectos se retrasarán o se mudarán a otro país. La pregunta de quién paga ya no admite más aplazamientos.